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Marco Legal

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La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil establece el marco legal mediante el que se regulan los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acuden e intervienen.

Los artículos 335 a 352 regulan el dictamen de peritos, incluido en el Capítulo VI: De los medios de prueba y las presunciones.

De este modo, el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que:

Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.

Por su parte, el mismo Texto legal determina en su artículo 347 la posible actuación de los peritos en el juicio o en la vista:

En especial, las partes y sus defensores podrán pedir:

1.º Exposición completa del dictamen, cuando esa exposición requiera la realización de otras operaciones, complementarias del escrito aportado, mediante el empleo de los documentos, materiales y otros elementos a que se refiere el apartado 2 del artículo 336.

2.º Explicación del dictamen o de alguno o algunos de sus puntos, cuyo significado no se considerase suficientemente expresivo a los efectos de la prueba.

3.º Respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas, conclusiones y otros aspectos del dictamen.

4.º Respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos, por si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto y a efectos, en cualquier caso, de conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del plazo necesario para llevarla a cabo.

5.º Crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria.

6.º Formulación de las tachas que pudieren afectar al perito.”

Es por ello que, según la legislación española vigente, el dictamen pericial es un medio de prueba de los hechos dentro del proceso civil, pudiendo el perito declarar o presentar su dictamen en el juicio.

Para los procesos penales, el marco legal lo establece el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 456 a 485.